El Ministerio de Cultura acompañó a las comunidades indígenas del occidente del país para honrar a las víctimas.
Representantes de las comunidades indígenas de Izalco, Nahuizalco, Tacuba, Cuisnahuat, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán conmemoraron, el 22 de enero, a las miles de víctimas de la masacre de indígenas de 1932, ocurrida en la zona occidental de El Salvador.
El acto se llevó a cabo en el Parque Ecológico de Izalco con una ceremonia ancestral dirigida por los tatas Carlos Urías (tata Cuyut) y Alonso García, mayordomo de la Mesas Altares del Padre Eterno y María Asunción. En dicha ceremonia se instaló un altar con una cruz a la que se le colocaron un sombrero, un tecomate, un rebozo y flores alrededor de un círculo de velas en conmemoración de las víctimas.
“1932 marcó un hecho importante en la memoria de todos los pueblos indígenas de El Salvador y hoy se están conmemorando 91 años en los que la lengua náhuat se vio mermada, se prohibieron las prácticas espirituales y toda la cosmovisión. Esta mañana tenemos hijos, nietos y familiares de víctimas directas de la masacre”, dijo el viceministro de Cultura, Eric Doradea.
Tres mujeres, dos nietas y una hija, dieron testimonio de lo ocurrido a sus familiares durante la masacre en los municipios de Nahuizalco, Izalco y Tacuba.
“A mi abuelo, en el año 32, lo sacaron y lo fueron a fusilar. Mi abuela quedó con seis hijos. A ella le dijeron: ‘mucho cuidado con andar llorando, no encienda la luz porque si no la vamos a sacar hasta a usted’. Mi abuelo dejó un niño de ocho años y a él lo vistieron con refajo para que no se lo llevaran, porque si no hasta a él lo iban a matar”, atestiguó doña Élida Hernández, originaria de Nahuizalco.
“Todos nacimos medio muertos en 1932”, escribió en su poema “Todos” el escritor Roque Dalton, en homenaje a las víctimas de la matanza desencadenada por el levantamiento de miles de campesinos indígenas que, agobiados por la pobreza, se alzaron con palos y machetes para exigir la devolución de sus tierras comunales, arrebatadas por las leyes de extinción de tierras comunales y ejidales de 1881 y 1882, durante el gobierno de Rafael Zaldívar.
La respuesta a la insurrección fue el fusilamiento de miles de indígenas ordenado por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien se hizo con el poder luego de dar golpe de Estado al presidente Arturo Araujo.
Conocer la verdad, hacer justicia y procurar la reparación de las víctimas es el objetivo de la comunidad indígena, por lo que sus representantes han interpuesto una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, indicaron Luis de Paz y la abogada Claudia Interiano.
Como parte de la conmemoración se instaló una muestra de las publicaciones de la época en la prensa escrita, las cuales trataron el hecho como un levantamiento comunista, algo que también las comunidades indígenas piden aclarar.
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